Real decreto

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Contenido y novedades de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

15 de julio de 2015 Noticias Entidades aseguradoras

Esta norma sustituye el vigente texto refundido (aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre), por una nueva Ley que incorpora a nuestro ordenamiento el contenido de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Directiva Solvencia II), junto con sus modificaciones, y sus importantes modificaciones en el esquema de supervisión de la actividad aseguradora.

Los empresarios españoles se plantean pedir la supresión de la cuota de formación si no se modifica el nuevo modelo aprobado por el Gobierno

13 de julio de 2015 Noticias Formación para el empleo

En el nuevo modelo de formación, surgido tras el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las organizaciones empresariales y sindicales no actuarán como gestores directos. La CECA ha decidido no presentar el próximo plan de formación y Cepyme se lo está pensando.

Avanza el trabajo para implantar la 'Justicia sin papeles' a partir del uno de enero de 2016

Continúa la tramitación de la reforma de la LEC, cuya aprobación está prevista para septiembre de este año. Asimismo se está trabajando en un Real Decreto de Comunicaciones Telemáticas que ya ha recibido el informe favorable del CGPJ y de las  comunidades autónomas y que será aprobado a finales de ese mismo mes. Igualmente se está avanzando en la implantación de la plataforma LexNet, cuya aplicación en el ámbito penal comenzará durante el último trimestre del año.

El CGPJ avala la notificación y presentación de documentos por medios electrónicos en los órganos judiciales, pero advierte de su viabilidad técnica

El CGPJ ha aprobado por unanimidad el Informe al Proyecto de Real Decreto sobre  comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia, valorando positivamente la norma, aunque subrayando la necesidad de asegurar que los sistemas de comunicación de las distintas Administraciones sean compatibles y estén integrados entre sí.

Problemas para determinar el equilibrio económico-financiero en los contratos públicos

Este artículo trata de explicar la problemática todavía existente para determinar el equilibrio económico-financiero en los contratos del sector público cuando se producen rupturas sustanciales de la economía. Inexplicablemente esta importante figura jurídica y en especial sus condiciones de aplicación y su alcance siguen sin perfilarse lo suficiente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni tampoco en la jurisprudencia, lo que sigue provocando a día de hoy inseguridad jurídica en un doble sentido: por uno, el tener que acudir a los tribunales para resolver un concepto técnico (no tanto jurídico) y por otro, desalentar a posibles licitadores por no conocer de forma suficiente las consecuencias que puedan derivarse en casos de ruptura sustancial. Finalmente se plantea la necesidad de regular esta cuestión de forma más específica en la ley, para que esta inseguridad jurídica no repercuta indirecta y negativamente en el interés público.

Contenido y novedades de la Ley 9/2015, de medidas urgentes en materia concursal

26 de mayo de 2015 Noticias Ley Concursal

Esta norma consolida las medidas instauradas por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal y tiene por finalidad extender al convenio concursal los principios establecidos por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, para el convenio preconcursal.  Además, la norma introduce una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concursado sea inevitable, están dificultando su venta. Todo ello con la finalidad de facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial.

El establecimiento del criterio de rendimiento para el acceso y mantenimiento de las ayudas académicas es legal

19 de mayo de 2015 Jurisprudencia Educación

La Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Confederación de padres y Madres de Alumnos (CEAPA) contra el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y las cuantías de acceso a las becas y ayudas al estudio del curso 2014-2015 y señala que este criterio no es incompatible con que la beca tenga por objeto garantizar que sea efectiva la igualdad en el ejercicio del derecho de acceso a la educación respecto de estudiantes en condiciones socieoeconómicas desfavorables.

Anulados dos artículos del Real Decreto-Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial por no justificarse la “extraordinaria y urgente necesidad”

02 de marzo de 2015 Jurisprudencia Empleo

El Pleno del TC ha dictado sentencia de fecha 19 de febrero de 2015, por la que se anulan dos preceptos del Real Decreto Ley-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial, que atribuían competencia sancionadora al SEPE respecto de conductas infractoras en materia de prestaciones por desempleo. El TC considera en su sentencia que no cumple con el presupuesto habilitante de “extraordinaria y urgente necesidad” del art. 86.1 CE.

El Gobierno aprueba la reforma urgente del sistema de Formación Profesional para el empleo

21 de marzo de 2015 Noticias Formación profesional

El Real Decreto-ley 4/2015 establece los objetivos del nuevo régimen de formación profesional: Favorecer la creación de empleo estable y de calidad; Contribuir a la competitividad empresarial; Garantizar el derecho a la formación laboral, especialmente de los más vulnerables; Ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores y consolidar en el sistema productivo una cultura de la formación. En este nuevo sistema,los agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicales, ya no actuarán como gestores directos de la formación, sino que básicamente actuarán en su planificación estratégica.

Contenido y novedades del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

28 de febrero de 2015 Noticias Segunda oportunidad

Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera, que principalmente introduce una amplia modificación de la Ley Concursal, del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Medidas en el ámbito tributario y administrativo, orientadas a introducir diversas modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Medidas de fomento del empleo, centradas en la reducción de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en determinados supuestos; en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, así como en la modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, concretadas, especialmente, en una modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, para eximir de las mismas a las personas físicas.